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Prevaricación y comisión por omisión: Un análisis jurídico desde la jurisprudencia

En Exculpa Abogados, despacho especializado en Derecho Penal, comprendemos la importancia de esclarecer los aspectos más complejos del ordenamiento jurídico. Uno de ellos es el delito de prevaricación, especialmente en su modalidad omisiva, una figura menos conocida pero de gran relevancia práctica.


¿Qué es la Prevaricación?

El delito de prevaricación está tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que establece:

«A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.»

La esencia de este tipo penal reside en el abuso de poder y la vulneración del deber de legalidad por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos ciudadanos y la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Acción vs. Omisión

Aunque en principio este delito parece vinculado únicamente al dictado de una resolución arbitraria, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ampliado su alcance para incluir también las omisiones que tengan un impacto equivalente.

En palabras de la STS 294/2019, de 3 de junio:

«Toda autoridad o funcionario, no solo debe comprender sino que tiene que comprometerse en poner fin a una situación antijurídica dentro de los límites de su competencia.»

De este modo, la falta de actuación en situaciones donde existe un deber claro de resolver puede ser interpretada como una resolución implícitamente denegatoria, lo que constituye una conducta arbitraria y contraria a la legalidad.


¿Cuándo nos encontramos ante un delito de prevaricación por omisión?

La STS 576/2021 nos ofrece un ejemplo práctico, donde una alcaldesa ignoró las obligaciones legales en un proceso de licitación pública. Su omisión permitió que se mantuviera una adjudicación irregular a una entidad gestionada por familiares, pese a las advertencias del secretario municipal y las resoluciones judiciales que anulaban dicho proceso y que le obligaban a convocar de nuevo la convocatoria para la licitación.

La clave en estos casos radica en:

  1. Existencia de un deber legal de actuar: La normativa o las circunstancias imponen la obligación de emitir una resolución.
  2. Impacto equivalente al de una resolución injusta: La omisión no es pasiva; genera efectos que perjudican derechos legítimos o benefician intereses particulares arbitrariamente.
  3. Conocimiento de la ilegalidad: La autoridad es plenamente consciente de que su falta de actuación perpetúa una situación contraria al ordenamiento jurídico.

La STS 294/2019 y otras resoluciones del Tribunal Supremo (SSTS 190/99, 65/2002, 647/2002, 1093/2006) refuerzan esta interpretación. Según estas sentencias, si el funcionario no dicta una resolución que está legalmente obligado a emitir, y ello tiene efectos jurídicos similares a una resolución denegatoria, se incurre en prevaricación por omisión.


Por qué es complejo el delito de prevaricación administrativa.

El delito de prevaricación, ya sea por acción u omisión, protege valores fundamentales como la transparencia, la imparcialidad y la legalidad en la administración pública. Actuar al margen de estos principios no solo afecta a los derechos individuales, sino que mina la confianza en las instituciones. Además de cuestionar la profesionalidad y rigor de aquellos que se enfrentan a dichas acusaciones.

En el caso de la STS 576/2021, el Tribunal Supremo destacó cómo la omisión de la alcaldesa no solo benefició a una sociedad en condiciones irregulares, sino que perjudicó los intereses económicos y legales del municipio. Este comportamiento fue considerado arbitrario y contrario a derecho, configurando una clara conducta prevaricadora.

Por ello, la condena aparejada al delito de prevaricación es considerablemente elevada: Inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de 9 a 15 años.


¿Cómo afrontar una investigación penal por prevaricación?

Enfrentar un proceso penal por prevaricación es una situación delicada que puede tener serias consecuencias profesionales y personales. Sin embargo, es importante recordar que, como funcionario o autoridad pública, tienes derecho a una defensa adecuada que examine a fondo las circunstancias de los hechos y las pruebas presentadas.

En Exculpa Abogados, contamos con experiencia en la defensa de casos de prevaricación y delitos económicos, y te ofrecemos una guía inicial para afrontar esta situación:

1. Comprender la Acusación

El primer paso es analizar la denuncia o querella interpuesta en tu contra. Es esencial identificar:

  • Si la acusación se basa en una acción u omisión.
  • Si existen pruebas claras de arbitrariedad o conocimiento de ilegalidad.
  • Si el acto cuestionado estaba dentro de tus competencias y si había margen razonable para interpretaciones distintas de la norma.

2. Revisión del Contexto Jurídico y Administrativo

La defensa debe enfocarse en demostrar que tu actuación, o falta de ella, no se apartó de los estándares legales de forma arbitraria. Algunos puntos clave:

  • ¿Existía un deber claro de actuar?
  • ¿Era razonable interpretar las normas de otra manera?
  • ¿La decisión fue colegiada o basada en informes técnicos que respaldaban tu postura?

Es crucial resaltar cualquier contexto administrativo que pueda justificar la decisión o la omisión, como falta de recursos, errores técnicos ajenos a tu control o la inexistencia de una norma inequívoca que obligara a actuar.

3. Demostrar Ausencia de Arbitrariedad

El delito de prevaricación exige que la acción u omisión sea claramente injusta y arbitraria. Esto significa que debe apartarse de manera flagrante de los principios de legalidad y justicia. Una defensa efectiva puede argumentar:

  • La inexistencia de un conocimiento pleno de la ilegalidad.
  • La falta de intención deliberada de causar un perjuicio o favorecer intereses particulares.
  • La existencia de un margen de interpretación razonable dentro de los límites legales.

4. Probar la Buena Fe y la Transparencia

La buena fe y la transparencia en la actuación administrativa son elementos fundamentales para desvirtuar una acusación de prevaricación. La defensa debe enfocarse en evidenciar:

  • Que no hubo intención de actuar fuera del marco legal.
  • Que las decisiones se tomaron con base en informes o criterios técnicos.
  • Que se buscó en todo momento el interés público, aunque el resultado pudiera ser cuestionable.

5. Asesoramiento Legal Especializado

Los procesos penales por prevaricación son largos y complejos, pero contar con un equipo de abogados penalistas especializados es la mejor garantía de éxito. En Exculpa Abogados, trabajamos para analizar cada detalle de tu caso, buscando las mejores estrategias de defensa y asegurándonos de que tus derechos sean respetados en todas las etapas del procedimiento.


Tú defensa empieza aquí.

La prevaricación no es un simple incumplimiento; es una grave violación del deber público que puede manifestarse tanto en actos como en omisiones. En Exculpa Abogados, estamos comprometidos en defender tus derechos frente a estas acusaciones que ponen en duda la profesionalidad y rigor; garantizándote una línea de defensa ajustada a la importancia del procedimiento.

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